México, 13 Mar. ABN. - Integrantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria solicitaron al Senado renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su rubro agropecuario.

La petición que recibió el grupo de senadores, que realizará la reforma integral del campo, está respaldada por 440 mil firmas de artistas e intelectuales que exigen la negociación del convenio comercial, al asegurar que perjudica a la industria agrícola nacional de maíz y frijol.

"Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Pon a México en tu boca", fue el nombre de la campaña llevada a cabo por más de 300 organizaciones campesinas, ambientalistas y sociales, que arrancó en junio de 2007 y que en enero pasado promovió junto con otros grupos una marcha contra el TLCAN en la capital mexicana, que movió a decenas de miles de personas, señaló TeleSur.

De manera concreta pidieron retirar el maíz y el frijol mexicanos del acuerdo comercial, además de prohibir en México la siembra de gramínea transgénica, destacó el diario mexicano El Financiero.

La escritora Laura Esquivel (autora de Como agua para chocolate y otros representantes del mundo de la cultura, como las actrices Vanessa Bauche (Amores perros) y Sofía Álvarez, apoyaron con sus firmas y su presencia la campaña.

"Es muy difícil entender que hayamos permitido que los laboratorios se adueñen de las semillas y que se produzcan semillas estériles", lamentó Esquivel, que lucía un collar y varias pulseras y anillos hechos de maíz.

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10 de marzo de 2008.

- La Asamblea Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede en Quito, demandó por la vía penal al ejército de Colombia “por delitos de actos de terrorismo, asesinato con alevosía y ensañamiento y otros adicionales”, ante el fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez.

La ong pide a la fiscalía la intervención de la policía técnica judicial para investigar e “identificar a los autores, cómplices” de la masacre y “proceder a su sanción, incluyendo su extradición a Ecuador” si se encuentran en el exterior.

Suscrita por el secretario general de la ALDHU Juan de Dios Parra Sepúlveda, la demanda contiene como “capítulo especial” el caso de los cinco estudiantes universitarios mexicanos que cayeron en el campamento irregular de las FARC en la zona de Lago Agrio, Ecuador, el primero de marzo en la madrugada. Una, Lucía Morlett, de 27 años, resultó herida y se encuentra aun en el Hospital Militar de la capital ecuatoriana.

Los otros cuatro murieron y permanecen en la morgue de esa ciudad. Otro, Juan González del Castillo, ya fue identificado por sus padres, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los otros tres –Soren Ulises Avilés de 33 años, Fernando Franco de 28 años y Verónica Natalia Velásquez de 30 años– siguen desaparecidos. Todos habían llegado al campamento apenas unas horas antes del ataque. El expediente contiene el número de sus pasaportes.

La ALDHU, el organismo de derechos humanos más importante de Ecuador, asumió la representación legal de Lucía Morett y las dos colombianas que también fueron rescatadas en el campamento de las FARC, Doris Joana Torres Bohórquez y Martha Pérez en su calidad de “víctimas sobrevivientes de una masacre”.

Las dos jóvenes colombianas, según el documento entregado por Parra a la fiscalía de la nación, efectuaban labores de cocineras y otras tareas domésticas en el campamento de las FARC “y habían sido llevadas forzosamente sin que siquiera supieran si estaban en territorio colombiano y ecuatoriano”.

La representación legal asegura que, por lo tanto, “es obvio y evidente que ninguna de ellas ha cometido ilícito alguno en el Ecuador y que su condición no es otra que la de víctimas sobrevivientes de una masacre”.

Los cinco mexicanos, establece la denuncia, ingresaron juntos a Ecuador el 31 de enero a través del aeropuerto Musical Sucre en un vuelo de la aerolínea Copa. Realizaron entrevistas académicas a políticos y dirigentes sociales ecuatorianos, visitaron universidades e hicieron algo de turismo. El 23 y 24 de febrero participaron en el seminario internacional “Vigencia del Pensamiento Bolivariano” en la Casa de la Cultura de Quito; del 25 al 27 participaron en el Segundo Congreso Continental Bolivariano en la Universidad Politécnica y en el Teatro Nacional. El 28 se trasladaron a Lago Agrio y de ahí al campamento clandestino de las FARC a donde arribaron la noche del día 29.

Según el expediente que recibió el fiscal Pesantez, la madrugada del primero de marzo, aproximadamente a las 12:45 am, fuerzas armadas colombianas “perpetraron un acto de guerra en territorio ecuatoriano, consistente en un bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder” contra el campamento donde se encontraba el jefe guerrillero Raúl Reyes y cerca de 50 personas más.

Entre una y tres de la madrugada, “tropas aerotransportadas colombianas fueron desembarcadas en el lugar, tiempo en el que rematarom a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas dos horas y se retiraron, dejando ahí tres mujeres heridas y muchos cadáveres, 23 de los cuales ya recuperó la fuerza pública ecuatoriana”.

La denuncia añade que “la desmembración y mutilación de los cadáveres evidencian lo extremo de la violencia utilizada”.

"Los ejecutivos de Pfizer, el laboratorio más poderoso del mundo, se sentarán en el banquillo en Nigeria, acusados de experimentos ilegales que, en 1996, causaron malformaciones a decenas de niños y al menos la muerte de 11 de ellos".

Ocurrió hace más de diez años. En 1996, en el Estado nigeriano de Kano se había producido una epidemia de meningitis que afectaba sobre todo a la población infantil. Por entonces, la multinacional farmacéutica más poderosa del planeta, Pfizer, se disponía a comercializar un antibiótico denominado Trovan (trovafloxacino). Era una gran oportunidad de probar in situ el preparado destinado al mercado occidental. Pese a que las organizaciones humanitarias consideraron antiético el experimento, la firma estadounidense no dudó en aprovechar la coyuntura: epidemia vírica severa, población necesitada de recuperar su salud y una empresa deseosa de probar su medicamento en las “mejores” condiciones y con el menor coste. La administración de este medicamento a unos 200 niños pudo ser la causa de la muerte de, al menos, once de ellos, mientras que decenas sufrieron graves daños, como dolencias cerebrales, ceguera o sordera, entre otros.

A finales de diciembre del año pasado, un tribunal de justicia nigeriano ordenó el arresto de tres directivos de Pfizer, entre los que se encuentra el máximo responsable de la filial norteamericana en dicho país, Ngozi Edozien. El próximo 30 de julio comenzará la revisión de la demanda, por la que el Gobierno nigeriano pide 7.000 millones de dólares. Según los funcionarios del Ministerio de Sanidad de Nigeria que investigaron el asunto, el laboratorio no llevó a cabo los protocolos establecidos para este tipo de ensayos clínicos. Otra de las acusaciones que ha recibido la corporación farmacéutica es que no confirmó el consentimiento informado de los padres, necesario para realizar las pruebas. La compañía asegura que sí obtuvo la autorización de los progenitores, aunque no queda claro si el consentimiento estaba firmado, pues recogerlo de manera verbal no cuenta. El Gobierno de Nigeria ha presentado ante la Corte Suprema Federal documentos con los que quiere demostrar que Pfizer no obtuvo la autorización de las agencias reguladoras de aquel país para realizar los análisis clínicos en los infantes.